El oficialismo aceleró las conversaciones con los bloques aliados para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El objetivo es alcanzar un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre o, como alternativa, el 25 del mismo mes.
La negociación se desarrolla en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, y tiene como principal articulador al titular de la Cámara baja, Martín Menem. En los últimos días, Menem mantuvo encuentros con representantes de los espacios que acompañan habitualmente al Gobierno para conocer sus demandas. Todavía no hay acuerdos cerrados.
Reclamos de los bloques dialoguistas
Uno de los puntos que atraviesa las conversaciones es el destino de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los bloques plantean revisar la carga de ese tributo y reclaman que los fondos se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales, uno de los objetivos que motivaron su implementación. El pedido coincide con reclamos que distintos gobernadores ya presentaron ante el Poder Ejecutivo y que ahora buscan impulsar a través de sus representantes en el Congreso.
Desde el PRO, la bancada que conduce Cristian Ritondo puso sobre la mesa la situación de la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri. También trasladó el pedido del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio para reducir del 21% al 10,5% el impuesto que grava los huevos y sus derivados. A esos reclamos se suman demandas por obras viales en distintas provincias.
La Unión Cívica Radical (UCR), por su parte, busca garantizar mayores recursos para las universidades públicas. El debate gira en torno a la diferencia entre los 7 billones de pesos que contempla la propuesta del Gobierno nacional y los 11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los radicales intentan acercar ambas posiciones.
Otro punto que preocupa a los aliados radicales es la partida destinada a las personas con discapacidad. Los legisladores esperan que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, confirme los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la nueva legislación. Consideran que la discusión sobre la ley ya quedó saldada, pero todavía no recibieron garantías presupuestarias de la Casa Rosada.
“Si no están los fondos, varios aliados vamos a votar en contra esos artículos en particular”, advirtió un diputado radical cercano a un gobernador provincial.
Régimen de incentivos y biocombustibles
La UCR también aguarda una definición del oficialismo sobre el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, y aprobado por la Cámara alta la semana pasada. El proyecto busca promover inversiones nacionales y extranjeras, fortalecer las cadenas de valor, mejorar la competitividad, incrementar las exportaciones y generar empleo.
Vischi señaló que la Argentina tiene una oportunidad frente a la demanda internacional de alimentos y energía, y sostuvo que los regímenes para atraer grandes inversiones pueden contribuir al desarrollo de esas actividades. El senador Maximiliano Abad pidió incluir al sector pesquero entre los beneficiarios, sin exigir un monto mínimo de inversión. En Diputados, la radical Karina Banfi, integrante del bloque Adelante Buenos Aires, presentó planteos vinculados con la reducción de impuestos para la pesca.
Las negociaciones incluyen además el futuro de la ley de biocombustibles. El proyecto ya obtuvo la aprobación del Senado el 17 de septiembre, pero su tratamiento en la Cámara baja quedó trabado por diferencias sobre algunos artículos vinculados con el biodiésel.
El bloque Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, transmitió al oficialismo la necesidad de avanzar con la iniciativa. Durante las reuniones de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, legisladores de distintos espacios cuestionaron disposiciones que, según advirtieron, podrían perjudicar a las pequeñas y medianas empresas regionales.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, alineado con el gobernador Martín Llaryora, sostuvo que su espacio está dispuesto a discutir modificaciones en los porcentajes de corte, pero rechazó que esas negociaciones se conviertan en un obstáculo para la aprobación de la ley.
Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), advirtió que algunos artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado podrían afectar a unas 25 pymes que realizaron inversiones y generan puestos de trabajo, mientras favorecerían a un grupo reducido de grandes empresas multinacionales. Según el legislador, esas firmas tienen una escala productiva muy superior y capacidad ociosa, lo que dificultaría la competencia de los emprendimientos regionales. Señaló además que la provincia de Buenos Aires sería una de las más afectadas, por la cantidad de pequeñas y medianas productoras de biodiésel que concentra.
Con estos reclamos sobre la mesa, el oficialismo deberá negociar con distintos sectores para conseguir los votos que necesita. La discusión del Presupuesto 2027 no dependerá solo de las conversaciones sobre el gasto público, sino también de la capacidad de La Libertad Avanza para dar respuestas a las demandas impositivas, productivas y sociales de sus aliados.