El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en operaciones con derivados financieros vinculados al oro que la entidad realizó durante 2025.
El pedido también incluye al director del organismo, Juan Curutchet, y forma parte de una ampliación de la denuncia penal, que deberá ser evaluada por la Justicia.
El resultado negativo de los derivados
El planteo se conoció después de la aprobación de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. Según los datos incorporados a la presentación, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de aproximadamente US$ 1.023 millones, con egresos de divisas.
De acuerdo con la documentación contable citada por Dalbón, el resultado negativo ascendió a $ 1.469.155 millones. El monto se compone de $ 1.400.793 millones, unos US$ 960,2 millones, por el resultado negativo de las opciones financieras, y de $ 68.362 millones, equivalentes a unos US$ 62,8 millones, en primas de opciones.
El informe de la AGN también consignó que el Banco Central concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.
La presentación pone el foco además en la diferencia entre esos resultados y la ganancia registrada por la tenencia física de oro por la variación de su cotización. Según los datos citados en el escrito, esa tenencia registró una ganancia de $ 8.002.500 millones durante el mismo ejercicio.
Qué reclama la denuncia
Dalbón sostuvo que es necesario reconstruir el recorrido de cada operación, identificar a los intermediarios que participaron, establecer cuánto se pagó en comisiones, cuáles fueron los criterios para contratar los instrumentos y quiénes tomaron las decisiones.
“No alcanza con ponerle la etiqueta de cobertura; hay que mostrar los contratos, las decisiones y las liquidaciones”, planteó el abogado al cuestionar la explicación oficial sobre el funcionamiento de estas operaciones.
La solicitud incluye posibles delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También propone investigar una eventual asociación ilícita, aunque las calificaciones jurídicas deberán ser analizadas por las autoridades judiciales.
En el caso de Caputo, el abogado pidió determinar si impartió instrucciones, coordinó o tuvo conocimiento de la estrategia aplicada a las reservas de oro. Respecto de Bausili, busca establecer si intervino en la propuesta, aprobación, firma o ejecución de los contratos. Sobre Curutchet, procura saber si tuvo intervención en la autorización, el control o el seguimiento de las operaciones. Curutchet es integrante del directorio del BCRA y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Dalbón pidió además que se prohíba a los tres funcionarios salir del país, acceder a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía y comunicarse con funcionarios, auditores o testigos. Argumentó que existe un posible riesgo de entorpecimiento por la posición jerárquica de los denunciados y por el acceso que podrían tener a documentación clave.
También solicitó incorporar contratos, confirmaciones de operaciones, actas del directorio y de los comités internos, informes de riesgo, constancias de pagos y comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, además de la documentación completa de la AGN. Propone, asimismo, una pericia para reconstruir las operaciones y determinar si existió un perjuicio económico para el Estado.
El pedido de detención no implica que exista una orden de arresto vigente ni que los funcionarios hayan sido condenados. La adopción de medidas restrictivas y una eventual declaración indagatoria dependen de lo que resuelva la Justicia.
La respuesta del Banco Central
El Banco Central defendió la estrategia y sostuvo que los instrumentos fueron utilizados como cobertura para proteger las reservas ante posibles caídas en el precio internacional del oro.
En un comunicado difundido el 8 de octubre, la entidad informó que la posición total en oro registró un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025. Según explicó, las coberturas tienen un costo y, cuando el precio del oro aumenta, los derivados pueden registrar resultados negativos. El organismo añadió que esta práctica se aplica desde 2007.
La controversia tuvo un antecedente en agosto, cuando la diputada Marcela Pagano anunció una denuncia penal contra Caputo y Bausili por el destino de fondos públicos que, según sostuvo, no tenían una trazabilidad pública suficiente. Esa presentación es separada de la de Dalbón y no necesariamente investiga los mismos hechos.
Por ahora, el pedido busca que la Justicia profundice la investigación sobre las operaciones de 2025, determine cómo se administraron los instrumentos financieros y establezca si existieron responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.