Un inversor afectado por el lanzamiento y el colapso del criptoactivo $LIBRA apeló el sobreseimiento del Presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve imputados, y pidió que la resolución sea revocada para que la investigación continúe.
La apelación fue presentada apenas un día hábil después de que la Justicia dictara los sobreseimientos. Se trata de Juan Patricio Marchetto, que presentó un recurso de 40 carillas patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik.
En el escrito, Marchetto cuestionó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. Sostuvo que la decisión se adoptó sin agotar medidas relevantes para esclarecer los hechos.
Su situación procesal
Marchetto es el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la causa. Invocó su derecho a recurrir como "pretenso querellante". La Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver si corresponde reincorporarlo al expediente o excluirlo de manera definitiva.
Martínez de Giorgi lo apartó como querellante el 3 de julio pasado, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Su exclusión continúa bajo revisión de la Casación, ante la que presentó una queja que aún no fue resuelta.
Según el inversor, si los sobreseimientos quedan firmes antes de que Casación se pronuncie, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica. Para fundamentar su derecho a recurrir citó el plenario "Zichy Thyssen", de 2006, y los derechos de las víctimas reconocidos por la ley.
Cuestionamientos al juez
En su apelación, Marchetto sostuvo que el juez incurrió en "contradicciones" y "confusiones", realizó una valoración fragmentaria de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una fundamentación que calificó de aparente.
El punto central, según el inversor, es que el magistrado confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Cuestionó que se concluyera que las conductas investigadas no encuadraban en ninguna figura penal, cuando correspondía evaluar si los elementos reunidos resultaban suficientes para acreditar una hipótesis delictiva.
Cuestionamientos al fiscal
Marchetto también apuntó contra Taiano. Según planteó, la fiscalía ocultó información, demoró la producción de pruebas, omitió convocar a testigos y no solicitó declaraciones indagatorias. Además, cuestionó que promoviera el sobreseimiento de los once imputados mientras seguían pendientes diligencias.
"Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado", sostuvo Marchetto.
Entre las medidas pendientes, el recurso menciona la ampliación de las pericias telefónicas a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, identificados en la causa como los "cueveros" que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
También cuestiona que no se citara a declarar a varios testigos, entre ellos Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti.
Comunicaciones y operaciones previas al lanzamiento
La apelación sostiene que el expediente contiene indicios que deben evaluarse en conjunto para determinar el papel del Presidente en la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, ocurrido el 14 de febrero de 2025.
Uno de los ejes es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados. Según los registros citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, y recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código para comprar el criptoactivo apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22.
Marchetto también mencionó operaciones registradas antes de que el activo se hiciera público. Según la reconstrucción de transacciones citada en el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje presidencial, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
"Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo", destacó.
El inversor sostuvo que esos elementos deben esclarecerse para determinar si hubo coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto. El recurso también apunta a los fondos movilizados después del lanzamiento y a quiénes captaron el dinero de los compradores.
Informe de la DATIP
Otro capítulo del recurso se refiere al tratamiento del informe de la DATIP sobre los dispositivos secuestrados. Martínez de Giorgi había aludido a irregularidades examinadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada de la causa, y consideró que afectaban la valoración del informe.
Marchetto cuestionó ese razonamiento. Sostuvo que el sumario no acreditó que la empleada investigada compartiera la documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado. Señaló además que la fiscalía había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados, y planteó interrogantes sobre por qué no se comunicó oportunamente al juzgado y a las partes.
Con esta apelación, Marchetto busca que se revise el sobreseimiento y que la investigación continúe con el análisis de las pruebas y las medidas que considera pendientes. La decisión sobre su legitimación para intervenir en el expediente permanece a la espera de una definición de la Cámara Federal de Casación Penal.